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Sierra
Leona y Angola países en conflicto por los diamantes
Los diamantes y la guerra
Fuente: www.uc.org.uy/gf1100.htm
ÁFRICA: GUERRAS, TRÁFICOS ILÍCITOS, DIAMANTES Y NEGOCIOS POR MILLONES DE
DÓLARES
"Símbolo del amor, antes de llegar en su forma pulida a coronar un anillo o sumarse a las otras piedras de un collar, el diamante habrá causado numerosos sufrimientos. El vínculo entre los diamantes y la guerra es directo y preocupa tanto a los gobiernos de los países productores como a los vendedores de la piedra elaborada, ya que financian, y motivan, varios de los conflictos armados en
África.
Con el objetivo de encontrar una solución al problema y transformar los "diamantes del conflicto" en diamantes de prosperidad, ministros y agentes de la industria de varios países afectados se reunieron en Pretoria, Sudáfrica, del 19 al 21 de
septiembre. El concepto de los diamantes relacionados con conflictos en
África fue introducido en la agenda internacional a mediados de 1998 mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) estableciendo un embargo a la venta de diamantes de Angola, con la excepción de aquellos que estuvieran acompañados por un certificado de origen expedido por el gobierno angoleño.
La resolución, que también incluye la prohibición de vender armas, petróleo y productos derivados, se dirige claramente a los diamantes provenientes de UNITA y que ésta usa con regularidad para financiar su armamento y mantener la guerra contra el gobierno del MPLA (Movimiento Para la Liberación de Angola) desde hace ya más de 20 años; una guerra que ha causado más de un millón de muertos, muchos más heridos, y ha resultado en el desplazamiento de más del 20 por ciento de la población. Se ha estimado que entre 1992 y 1997 UNITA obtuvo por la venta de diamantes 3.700 millones de dólares.
Ante la evidencia de que el embargo no estaba siendo respetado, la ONU creó una comisión investigadora bajo la dirección del embajador de Canadá, Robert Fowler, que en marzo de este año presentó su informe final con revelaciones respecto del camino recorrido por los diamantes y las armas y los implicados en el tráfico ilícito.
La mayor parte de las armas de UNITA provienen de los países del este de Europa, fundamentalmente de Bulgaria, que además ha entrenado en su territorio a miembros de UNITA. El fin de la Guerra Fría y la disolución del Pacto de Varsovia determinaron que el mercado de armas se viera saturado con armamento proveniente de esos países a bajos precios y a cargo de intermediarios a quienes las sanciones de las Naciones Unidas no intimidan. Antes de la caída del presidente Mobutu Sese Seko, Zaire era el principal país de tránsito, luego lo fue Rwanda, y también Togo y Burkina Faso. UNITA paga en diamantes tanto a los vendedores de armas como a los gobiernos de los países que permiten el tránsito. En esos mismos países, representantes de firmas importadoras y procesadoras de diamantes de Amberes, la ciudad de Bélgica que concentra el 80 por ciento de la importación y venta de diamantes del mundo, compran sus paquetes de la piedra en bruto, y con gran facilidad los introducen en Bélgica, Gran Bretaña, Israel o India, los otros centros importantes de comercio de diamantes.
Los vendedores de armas del este europeo también los venden sin dificultad en esos mercados. UNITA tiene incluso un representante en Bélgica, por tratarse de un centro internacional de ambos negocios: los diamantes y las armas. El informe de la comisión investigadora destaca la falta de voluntad de la industria en Bélgica, ya que son conocidos los importadores y procesadores que trabajan con UNITA, pero no se aplica contra ellos ningún tipo de sanciones. Las ganancias de la industria son astronómicas y los involucrados temen que si se imponen medidas más restrictivas, ésta se trasladará a otra parte. Los países productores (la mayoría de ellos en
África) obtienen anualmente 7 mil millones de dólares por sus diamantes. Una vez procesados esos diamantes se convierten en 67 millones de piezas de joyería, por un valor de 50 mil millones de dólares. La diferencia es la ganancia que queda en Bélgica y en los otros centros del comercio en diamantes. Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo.
A mediados de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso también un embargo a los diamantes de Sierra Leona, otro país donde se han detectado "diamantes vendidos por movimientos rebeldes para financiar sus intentos de derrocar gobiernos legítimos". También en este caso la UNITA previó la posibilidad de que el gobierno de Sierra Leona continuara vendiéndolos una vez puesto en práctica un mecanismo de certificación del origen. La guerra en Sierra Leona está siendo financiada por la venta de los diamantes y está motivada precisamente por el control de las zonas mineras. La reciente escalada en el conflicto se debió al intento de toma de control de una de esas zonas por parte de fuerzas de paz de la ONU.
Los miembros del Frente Unido Revolucionario de Foday Sankoh logran vender su producción a través de Liberia, que en los últimos años ha exportado diamantes por millones de dólares sin que a los mercados consumidores les llamara la atención. La realidad es que Liberia no tiene capacidad para producir esos diamantes que provienen de las zonas controladas por los insurgentes. Se calcula que la mitad de la producción de Sierra Leona se comercia de manera ilegal. Desde 1991 este movimiento, que ha cometido actos atroces contra la población civil, ha logrado obtener millones de dólares mensualmente por la venta de diamantes con los que continúa financiando sus acciones.
El gobierno, por su parte, ha debido suspender la exportación y está en proceso de emitir un certificado de origen que le permita retomar el comercio, fundamental para su economía. Mientras tanto los diamantes siguen llegando sin demoras a los centros procesadores. Según un representante del Consejo Internacional de Diamantes, presente en la conferencia de Pretoria, en la industria todos se conocen, todos saben quién es el señor X de Sudáfrica que compra diamantes a UNITA y quién el señor Z de Amberes que le vende armas al Frente Unido Revolucionario de Sierra Leona y las cobra en diamantes.
La posición de los países productores es que la estrecha vinculación entre diamantes y guerra no es un problema exclusivo de
África, sino de todos los involucrados en el comercio. Si bien se estima que sólo entre el 4 por ciento (según la industria) y el 15 por ciento (según las ONG activas en el tema) de los diamantes provienen de zonas de conflicto, su incidencia en la continuación de éstos es altísima. Por otra parte, el papel de los diamantes como factor dinamizador de ciertas economías está en peligro. En el caso de Botswana, el principal productor del mundo, la industria emplea 6.000 personas en la extracción de los diamantes y el 10 por ciento del total de la población del país, que alcanza a 1,5 millones de habitantes, está ocupado en el corte de los diamantes, mientras que los ingresos representan dos tercios de los ingresos gubernamentales. Pero el comercio legítimo de diamantes está amenazado ya que es prácticamente imposible desde el punto de vista técnico establecer su origen, y los ilegales y los legítimos llegan a los centros de comercio mezclados en los mismos paquetes.
Si desde la sociedad civil se organizaran campañas de boicot a nivel mundial, la producción de diamantes se vería afectada al igual que la industria manufacturera. De ahí la necesidad de poner en práctica mecanismos que permitan diferenciar unos de otros. Si el sufrimiento humano que la venta de diamantes ilegales ocasiona no fuera suficiente motivación para iniciar acciones inmediatas, las razones económicas tal vez terminen de convencer a algunos de los actores involucrados.
En julio de este año la Asociación Internacional de Fabricantes de Diamantes y la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes se reunieron en Amberes y formaron el Consejo Mundial de Diamantes con el fin de promover la cooperación entre la industria, los gobiernos y la sociedad civil. Los productores, por su parte, a iniciativa del gobierno sudafricano, iniciaron el llamado Proceso de Kimberley, la ciudad donde se descubrieron los primeros diamantes en Sudáfrica y donde en mayo se reunieron varios de los países productores. Siguieron varios encuentros que culminaron en la reunión de ministros de
septiembre, donde el grupo de trabajo de Kimberley presentó sus propuestas. La principal es la introducción de un sistema de certificación de origen de los diamantes y de sanciones para quienes compren sin el mismo.
Las conferencias internacionales terminan generalmente con declaraciones de apoyo al proceso iniciado y expresiones de compromiso para continuarlo. Esta no fue la excepción. La única resolución concreta a la que arribaron ministros y representantes gubernamentales de Angola, Australia, Bélgica, Botswana, Burkina Faso, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Lesotho, Namibia, República Democrática del Congo, Rusia, Sierra Leona, Sudáfrica y Tanzania (la mayoría de los productores, procesadores y consumidores mundiales) es que cada país deberá tratar de promover la adopción de dicho certificado de origen y que con el tiempo se realizarán esfuerzos para la formación de un órgano intergubernamental que
monitoree el cumplimiento de esa medida.
El tema, sin embargo, no se agota en la conferencia de Pretoria ni entre los países involucrados en el comercio de diamantes. A iniciativa de Gran Bretaña la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas incluirá los ‘diamantes de conflicto’ en su agenda. En tanto, esa piedra eterna seguirá financiando el horror que los informativos nos presentan con africanos armados hasta los dientes, con sus trajes verdes camuflados asesinando sin piedad a la población civil. Pero seguirán financiando, además, los lujos y derroches de respetables hombres de traje y corbata, que no aparecen en la televisión, que viajan en primera clase, que vuelven a sus hogares con las manos
limpias".
Los diamantes de la guerra
La riqueza del subsuelo de algunos países de África se ha convertido en la causa directa de la miseria de sus habitantes. Así como la industria de diamantes ha beneficiado a países como Botswana -cuya industria emplea al 10% de su población y sus ganancias representan dos tercios de los ingresos gubernamentales-, para otros ha significado una tragedia.
Los cientos de millones de dólares que surgen del comercio ilícito de diamantes en algunos países africanos van a parar a manos de la guerrilla y los ejércitos que practican el fructuoso trueque de diamantes por armas.
En Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo, estas piedras preciosas se han convertido en la principal fuente de financiación de los movimientos insurgentes que controlan su tráfico generando muerte y destrucción, ya que los beneficios de su comercialización se traducen en la prolongación de los conflictos.
Tres países, tres ejemplos
Los continuos enfrentamientos entre tribus hutus y tutsis en la República Democrática del Congo, junto con motivaciones raciales y políticas, están alimentados por la riqueza generada por los diamantes. Es por eso que países como Angola, Namibia y Zimbabwe apoyan al gobierno congoleño a cambio de derechos de explotación minera en zonas limítrofes, y otros como Burundi, Rwanda y Uganda respaldan a los rebeldes participando del tráfico ilegal de diamantes que los financia.
Después de la prolongada dictadura de Mobuto Sese Seko, en 1997 triunfó la guerrilla encabezada por Laurent Desiré Kabila, quien instauró la República Democrática del Congo. Desde entonces, la guerra por el poder ha sido sustituida por el control de riquezas del subsuelo como petróleo, cobalto y diamantes. Este conflicto le costó la vida a Kabila, asesinado el 16 de enero de 2001, poco después de haber concedido la exclusividad de la comercialización de diamantes a la sociedad israelí Idi Diamond, medida revocada por su hijo Joseph, ni bien lo sucedió en la presidencia.
Cerca de medio millón de hombres y mujeres de la República Democrática del Congo, un país de 48 millones de habitantes, sobrevive participando directa e indirectamente del contrabando de metales preciosos.
En Angola, desde hace casi 30 años, el movimiento opositor Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) lucha contra el gobierno por el control de los recursos naturales y la pervivencia de este conflicto lleva ya cobradas un millón de víctimas fatales. Los 35 mil hombres armados de UNITA, inicialmente financiados por Estados Unidos para combatir al gobierno izquierdista de Luanda durante la Guerra Fría, actualmente se mantienen gracias al tráfico de diamantes.
Pese a disponer de ricos y abundantes recursos naturales como son los diamantes y el petróleo, Angola ocupa el puesto 160 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (de un total de 174 países).
En este país, la prioridad es la guerra -el 86 % del presupuesto nacional se destina a Defensa-, y las consecuencias sobre la población son devastadoras: el 90% vive por debajo de la línea de la pobreza, la tasa de mortalidad infantil es del 29%, sólo el 31% de la población tiene acceso al agua potable y los casi tres millones de desplazados internos no tiene cubiertas necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda.
La de Sierra Leona es también una guerra por el control de los campos de diamantes en el norte y el este del país, territorio del rebelde Frente Revolucionario Unido (FRU), conocido por su campaña sistemática de terror contra la población civil y el uso habitual de niños soldados.
Desde el inicio de este conflicto en 1991, las fuerzas rebeldes han matado, violado, mutilado y secuestrado a decenas de miles de civiles desarmados, pero también las fuerzas aliadas del gobierno y las de mantenimiento de paz de África Occidental han cometido abusos contra los derechos humanos.
El tráfico ilegal de diamantes desde zonas de Sierra Leona controladas por los rebeldes sirve para financiar ayuda militar destinada al FRU, lo que le permite continuar con los combates. Aunque las piedras de Sierra Leona sólo suponen el 1% del volumen mundial, son especialmente apreciadas por su calidad.
Intereses encontrados
En estos países, las elites promueven la corrupción y la debilidad del estado, favoreciendo al auge de economías en la sombra y tráficos ilícitos. El comercio ilegal de diamantes alimenta a la guerra: con el dinero se compran armas, se pagan mercenarios y se corrompen gobiernos, en tanto las consecuencias las pagan las poblaciones con sufrimiento y pobreza sistemática.
La venta de diamantes ilegales se ve facilitada por los insuficientes mecanismos de control y la falta de transparencia que existe en su comercialización. Estas piedras no hacen saltar las alarmas de los aeropuertos, los perros no las huelen, y se pueden convertir rápidamente en efectivo.
Representantes de firmas importadoras y procesadoras de diamantes de Amberes (ciudad belga que comercializa dos tercios de todos los diamantes del mundo) adquieren en esos países africanos sus paquetes de piedra en bruto y, con gran facilidad, los introducen en Bélgica, Gran Bretaña y la India.
En los últimos años, la relación entre explotación ilícita de piedras preciosas y conflictos armados ha sido ampliamente debatida. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la organización no gubernamental (ONG) Intermón Oxfam, y también Naciones Unidas, han denunciado la situación y exigieron una regulación de la explotación y comercio de los diamantes.
En julio de 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso una prohibición sobre la importación ilegal de diamantes de las zonas de Sierra Leona controladas por los rebeldes, pero el FRU elude el embargo a través del tráfico de armas que le ofrece Liberia, país que exportó seis millones de quilates entre 1994 y 1998.
Intermón Oxfam, Global Witness, Médico International, El Instituto de los Países Bajos para Sudáfrica y la fundación Novib impulsan la campaña Fatal Transactions (Negocios Fatales) cuya meta es convencer a la industria y el consumidor a que opten por los diamantes libres de conflicto, exigiendo para ello la implantación de un sistema internacional de certificación para conocer el origen de las piedras.
Los gobiernos belga, israelí y ucraniano están siendo presionados para que controlen más rigurosamente las transacciones que tienen lugar en Amberes, Tel Aviv y Kiev.
A mediados de 2001 se llevó a cabo en Moscú una reunión con el objetivo de poner en marcha un sistema internacional de certificación de origen de los diamantes, que podría significar el inicio del fin de las guerras de Angola, Sierra Leona y el Congo. El encuentro (del que participaron representantes de 34 gobiernos, de la Comisión Europea, de la industria internacional del diamante, el Consejo Mundial del Diamante y ONGs) se basó en el proceso de Kimberley, iniciado en 2000 por los gobiernos de Sudáfrica, Botswana y Namibia, que impulsa la aplicación de un sistema internacional de certificación de origen de los diamantes que permita acabar con la extracción y comercialización de piedras que sirven para financiar los conflictos africanos.
El Diamond High Council (HRD), organización que representa a la industria del diamante en Bélgica, se ocupa de revisar la importación, valoración y exportación de diamantes. Sin embargo, fuera de su ámbito existe en Amberes una masa de comerciantes, joyeros, intermediarios y fabricantes de joyas que suman unos 4.000 establecimientos a través de los cuales se trafican los diamantes. Este elevado número de intermediarios involucrados a lo largo de todo el proceso comercial dificulta el seguimiento de las piedras desde su extracción hasta su destino final.
Una legislación internacional aplicada rigurosamente permitiría controlar el comercio ilícito, pero los intereses en juego son demasiados y muy pocos parecen dispuestos a poner en riesgo un negocio que factura alrededor de US$ 50 mil millones al año. (Aunque se sepa que el 10% de esa suma sirve para financiar los conflictos armados africanos).
Sin embargo, en algunos sectores de la industria existe interés en que no se negocie con los diamantes, por temor a que los consumidores dejen de comprarlos si son relacionadas con las guerras africanas. Es el caso del gigante De Beers, quien controla el 75% del comercio mundial de diamantes y abastece a los principales mercados a través de sus oficinas en todo el mundo.
Fruto de la presión internacional, De Beer adoptó algunas medidas con el fin de garantizar que los diamantes que adquiere no provengan de países en guerra. En 2000, la empresa clausuró sus oficinas de compra en la República Democrática del Congo y Guinea y, desde entonces, exige a sus clientes el compromiso de no adquirir diamantes de origen dudoso.
Esta empresa sudafricana intenta aumentar su participación en el mercado mundial al presentarse como el productor más creíble cuando se trata de rechazar los diamantes de conflicto y evitar así, según explicó su presidente, Nicky Oppenhaimer, que el lema “un diamante es para siempre” quede sustituido por “los diamantes son para la guerra”.
Los diamantes y la guerra
¿Qué es el Proceso de Kimberley?
Los diamantes, han financiado conflictos armados en África durante décadas. La escasez de medidas para su control ha permitido que los diamantes burlasen fronteras y fueran fácilmente intercambiados por armas, causantes de la muerte y sufrimiento de la población civil. La magnitud del problema hizo que sus actores y las ONG iniciaran un proceso para mejorar el control de las piedras. España importa cada año diamantes por un valor superior a 7.000 millones de pesetas procedentes de estos mercados, en cuyo origen pueden haber alimentado los diversos conflictos africanos.
El Proceso de Kimberley es un proceso de negociación entre los Estados, la industria y las ONG que tiene como fin establecer un esquema de certificación de origen para la importación y exportación de diamantes en bruto. Se trata de una serie de reuniones intergubernamentales, impulsadas por varios gobiernos del Sur de África. Están involucrados más de 30 Estados, la Unión Europea, la industria diamantífera así como representantes de la sociedad civil, como Intermón Oxfam, a través de la coalición internacional Fatal Transactions. Tiene por objetivo final tomar acciones para detener el flujo de los diamantes de conflicto y discriminarlos del sistema legítimo, que supone una contribución económica importante a ciertos gobiernos africanos en desarrollo, al mismo tiempo que protege a la industria legítima y dificulta la aparición de conflictos armados por su causa.
Las reuniones del proceso se iniciaron en 2000 y fueron presididas por el gobierno de Sudáfrica. Tiene sus orígenes en la decisión de los países sudafricanos de tomar acciones para erradicar el flujo de diamantes de conflicto hacia los mercados legítimos, y al mismo tiempo proteger a los Estados para quien eran una fuente de financiación legítima. Dicho proceso ha estado estableciendo unos estándares mínimos internacionales para los esquemas de certificación nacionales relativos al comercio de diamantes en bruto. El Proceso de Kimberley tiene como objetivo último lograr la aplicación de un Sistema de Certificación de Origen, que obligue a los exportadores a poseer un certificado sobre el origen lícito de los diamantes con los que comercian.
La reunión del proceso celebrada en Interlaken el pasado mes de noviembre de 2002 fijó el 1 de Enero de 2003 como fecha de inicio del sistema de certificación de diamantes. Tras varios retrasos por motivos comerciales, provocados por los países occidentales, el esquema de certificación finalmente se inició. Dicha reunión no pudo acordar la creación de un mecanismo de verificación regular e independiente que vele por el cumplimiento efectivo del sistema de certificación en los diferentes países productores y comercializadores de diamantes, demanda esencial de la campaña Fatal Transactions, lo cual deja el sistema abierto a su abuso. Tampoco se pudo clarificar el funcionamiento del sistema de garantías internas de la industria, ni acordar un sistema internacional de recopilación y análisis de estadísticas comerciales nacionales, que facilite la comparación de los datos de producción y exportación, permitiendo un mejor control sobre los flujos de diamantes.
El 31 de Julio de 2003, la Secretaría del Proceso publicó la lista inicial de participantes, que excluye aquellos países que no han adaptado en sus legislaciones nacionales medidas para implementar el sistema de certificación.
El monopolio de De Beers
Esta empresa sudafricana ha desempeñado un papel crucial en la industria del diamante puesto que hasta la década de los 90, compraba casi toda la producción mundial de diamantes en bruto, con el fin de tener el control sobre el precio de los mismos, abasteciendo a los principales mercados y a más de 160 clientes, a través de sus oficinas en todo el mundo. Actualmente se estima que su negocio conforma el 60 o 70% de la producción mundial. Fruto de la presión internacional y de una nueva política estratégica, De Beers adoptó algunas medidas con el fin de garantizar que los diamantes que compra no financian a grupos armados. En el 2000, la empresa clausuró sus oficinas de compra en la RDC y Guinea y desde entonces exige a sus clientes el compromiso de no adquirir diamantes de origen dudoso. Sin embargo, De Beers y el resto de la industria diamantífera debe aumentar la transparencia de su política de compra y venta de diamantes.
¿Cómo funciona el Sistema Internacional de Certificación?
El esquema de certificación es básicamente un régimen de control de importación/exportación de diamantes en bruto. Los países productores controlarán la producción y el transporte de diamantes en bruto desde la mina hasta el lugar de exportación. Para ello, los envíos de diamantes en bruto estarán sellados y con un certificado del Proceso de Kimberley emitido por el gobierno legítimo del país exportador. Los países re-exportadores se asegurarán que tan solo los diamantes certificados por el Proceso de Kimberley entran en la cadena de importación/exportación.
La industria del diamante introducirá un sistema de garantías para apoyar los esfuerzos de los gobiernos. El productor privado deberá aportar garantías de la legitimidad del origen de los diamantes. Las principales patronales del diamante han acordado un código ético para minimizar el flujo de diamantes de conflicto en el mercado legítimo. Todos aquellos agentes que lo incumplan serán vetados en el mercado.
Los países importadores verificaran el sello y el certificado en el momento de la importación. Importaciones de diamantes en bruto que no vayan acompañadas del certificado expedido por un país participante en el Proceso de Kimberley estarán prohibidas así como las exportaciones hacia países no participantes. Se espera que todos los países participantes en el ciclo productivo de los diamantes formen parte del
Proceso. La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró el esquema desarrollado por el Proceso de Kimberley en la resolución 55/56 de 2002.
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